La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, y el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, encabezaron la representación paraguaya que participó en la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, realizada en el marco de la LIII Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrollada en Lima, Perú.
La comitiva nacional estuvo integrada, además, por el fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público, Jorge Arce; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), José Armoa; el director de Análisis Estratégico de la SEPRELAD, así como por representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todos ellos participaron en las jornadas de trabajo junto con autoridades, expertos internacionales, representantes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos de investigación y organismos multilaterales, reafirmando el compromiso de Paraguay con el fortalecimiento de la cooperación regional y la lucha contra los delitos financieros vinculados a la criminalidad ambiental.
La iniciativa formó parte de las prioridades impulsadas por la Presidencia Pro Témpore de Panamá en el GAFILAT, bajo el liderazgo de Isabel Vecchio Arófulo, quien destacó la necesidad de abordar estos fenómenos desde una perspectiva financiera, reconociendo que los delitos ambientales se han consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y transnacionales.
Durante la apertura de la sesión de alto nivel, Vecchio señaló que los delitos ambientales han dejado de ser una problemática exclusivamente vinculada a la protección del medio ambiente para convertirse en una amenaza que impacta directamente la seguridad, la gobernanza y la integridad de los sistemas financieros de la región. En ese sentido, enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de los países para seguir la ruta del dinero, identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas y privar a las organizaciones criminales de los recursos que les permiten operar.
La jornada se desarrolló a través de un taller técnico y dos paneles de alto nivel, en los que participaron especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), FACT Coalition, autoridades nacionales y representantes del sector privado.
Entre los principales temas abordados destacaron la creciente convergencia entre los delitos ambientales y otras economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción; el uso de empresas fachada y estructuras corporativas para ocultar ganancias ilícitas; los desafíos asociados a la trazabilidad de minerales y madera; y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional para la detección, investigación y recuperación de activos.
Asimismo, los participantes resaltaron la importancia de reforzar la colaboración público-privada, promover una mayor utilización de la inteligencia financiera, mejorar el intercambio de información entre autoridades competentes y fortalecer la debida diligencia en las cadenas de suministro, a fin de impedir que productos de origen ilícito ingresen a los mercados formales.
Las discusiones también permitieron identificar oportunidades para aprovechar de manera más estratégica la información proveniente de aduanas, registros comerciales, comercio exterior y otras bases de datos relevantes, así como la necesidad de fortalecer los controles sobre facilitadores clave de estas actividades ilícitas, incluyendo la maquinaria pesada, el contrabando de minerales y los mecanismos utilizados para movilizar recursos financieros entre jurisdicciones.
