La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se suma a la campaña nacional «Paraguay sin Trata», reafirmando su compromiso con la prevención y el combate de este delito, considerado uno de los principales delitos precedentes del lavado de activos por las importantes ganancias ilícitas que genera para las organizaciones criminales.
En ese contexto, la ministra Liliana Alcaraz Recalde señaló que la actualización del estudio regional sobre amenazas permitió identificar ocho amenazas prioritarias relacionadas con los delitos precedentes del lavado de activos, entre las cuales se encuentra la trata de personas.
Asimismo, destacó que, además de fortalecer la sensibilización sobre este flagelo, resulta indispensable incrementar la efectividad de las acciones orientadas a mitigar sus riesgos, asignar mayores recursos al sistema ALA/CFT y fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para generar inteligencia financiera de calidad.
La ministra resaltó además la importancia de que dicha inteligencia sirva como insumo para el desarrollo de investigaciones financieras paralelas por parte del Ministerio Público, facilitando la identificación, el rastreo y el decomiso de los bienes provenientes de la trata de personas, debilitando así las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Un compromiso firme contra la impunidad
En el marco del Foro Nacional «Paraguay sin Trata», realizado en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó el compromiso del Gobierno del Paraguay con la prevención, persecución y combate de este delito.
Durante su intervención, destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas mediante una mayor coordinación interinstitucional, la capacitación permanente de los servidores públicos y el fortalecimiento de la cooperación con los países de la región y los organismos internacionales.
Asimismo, señaló que la trata de personas es un delito transnacional que requiere una respuesta integral y sostenida entre las instituciones del Estado y la comunidad internacional para prevenirla, investigarla y sancionarla eficazmente.
