El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) llevó adelante una capacitación virtual dirigida a comunicadores del Estado, centrada en el uso responsable de grabaciones en procedimientos y su adecuado tratamiento comunicacional. Por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron funcionarios de la Asesoría de Comunicación y de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
La jornada contó con la disertación de Gunter Krone, vocero del Ministerio Público, quien instó a fortalecer las buenas prácticas en la gestión de contenidos institucionales, en un contexto donde la difusión de información exige un equilibrio entre transparencia, legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
La actividad se desarrolló en cumplimiento del propósito institucional de fortalecer los procesos de comunicación y garantizar una difusión responsable de la información generada por las instituciones públicas.
Durante la exposición, se abordaron los principales lineamientos legales que rigen la captura, uso y difusión de registros audiovisuales en procedimientos, con especial énfasis en la protección de derechos constitucionales como la intimidad y la propia imagen. En ese sentido, se recordó la prohibición de exhibir a personas detenidas sin su consentimiento expreso, así como la necesidad de resguardar datos sensibles que permitan su identificación.
Asimismo, se advirtió sobre las implicancias legales derivadas de una gestión inadecuada de la información, señalando que la exposición indebida de personas puede derivar en la nulidad de procesos judiciales o administrativos, además de generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios involucrados. Se destacó, además, la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia, evitando presentar a cualquier persona como culpable sin la existencia de una sentencia firme.
En cuanto a la práctica comunicacional, se compartieron criterios clave para la publicación de contenidos institucionales, tales como la necesidad de difuminar rostros y datos personales, proteger la identidad de terceros ajenos al hecho y evitar la exposición de información o elementos que no guarden relación con la causa. También se remarcó que, durante etapas investigativas, la comunicación debe limitarse a información general, sin identificar personas o instituciones, reservando la difusión detallada para casos con resolución firme de la autoridad competente.
Durante la charla, se hizo además un llamado a estandarizar prácticas dentro del Estado, reducir riesgos legales y reputacionales, y consolidar una cultura institucional basada en el respeto de los derechos y el uso responsable de la información.
Finalmente, se destacó que este tipo de instancias contribuyen a la preparación de las instituciones ante la implementación de normativas como la Ley N.º 6757, que establecerá nuevos estándares para el uso de videocámaras en procedimientos, el resguardo de registros y su tratamiento dentro del ámbito público.
